Para promover la perspectiva de género y con el objetivo de abrir oportunidades para las mujeres en el transporte público, facilitando su incorporación y capacitación como conductoras, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte del Estado de Puebla.

Durante la presentación de la iniciativa en sesión ordinaria de la LXII Legislatura, la diputada explicó que la propuesta contempla dar preferencia para el otorgamiento de concesiones a quienes asuman el compromiso de incorporar a mujeres conductoras para la prestación del servicio de transporte público.

Por su parte, la diputada Luana Armida Amador Vallejo presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Puebla, con la finalidad de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y su derecho a la movilidad y el transporte.

En tanto, la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, para que los establecimientos que comercialicen motocicletas se cercioren de que la persona adquirente haya realizado el pago de las contribuciones relativas a la inscripción en el padrón vehicular, la dotación de placas de circulación y demás elementos que permitan la identificación del vehículo de conformidad con lo establecido en las leyes correspondientes.

Por su parte, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar la fracción V, el inciso b) de la fracción VI y adicionar la fracción VII al artículo 123 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, con el propósito de prohibir la conducción de motocicletas con personas pasajeras que sean menores de doce años de edad.

Las iniciativas de la diputada Araceli Celestino, Luana Armida Amador, Graciela Palomares y Modesta Delgado Juárez fueron turnadas, por separado, a la Comisión de Transportes y Movilidad para su estudio y resolución procedente.

En otro momento de la sesión, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar el artículo 160 Bis a la Ley Orgánica Municipal, para establecer que, durante los últimos seis meses de los ayuntamientos, la venta, enajenación o cualquier acto traslativo de dominio de los bienes que formen parte del patrimonio municipal, deberá contar con autorización de la Legislatura del Estado.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala presentó una iniciativa para adicionar el artículo 70 Bis y un último párrafo al artículo 75 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer que la versión estenográfica de los asuntos que se hayan tratado en sesiones privadas se considerará información reservada y estará sujeta a la legislación aplicable.

Las iniciativas de los diputados José Miguel Trujillo de Ita y Jazmín Martínez Ayala fueron turnadas a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

Además, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, con el objetivo de otorgar permisos, descansos y licencias de maternidad y paternidad, con goce de sueldo, en casos específicos de parto prematuro, mujeres con embarazo de alto riesgo, así como el fallecimiento de su cónyuge, entre otros.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, el diputado José Luis Figueroa Cortés presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado, para que dentro de su competencia realice campañas publicitarias y educativas que promuevan la limpieza y cuidado del medio ambiente.

Finalmente, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales, a que realicen y publiquen las versiones estenográficas de las sesiones de cabildo en sus plataformas oficiales, a fin de garantizar el acceso pleno a la información, promover la transparencia y fortalecer la participación ciudadana en los asuntos públicos.