¡Síguenos!Puigdemont llegó hoy a Copenhague para pronunciar una conferencia procedente de Bruselas, donde ha permanecido tres meses huido de la Justicia española. Es la primera vez que sale de Bélgica en ese tiempo.
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En un auto, el magistrado encargado del caso, Pablo Llarena, encuentra razonable la petición de la Fiscalía, pero matiza que hay dos razones por las que una orden de ese tipo debe ser pospuesta “a un momento no necesariamente lejano”.
En primer lugar, según el juez, Puigdemont busca precisamente ser detenido para encontrar un resquicio legal que le permita delegar su voto en el Parlamento de Cataluña, del que es diputado elegido en los comicios regionales del 21 de diciembre pasado.
En segundo, una petición de entrega precipitada podría limitar los delitos por los que en un futuro podrá ser juzgado en España.
El exgobernante independentista catalán ha querido obligar a su detención para “forzar un contexto en el que poder delegar su voto, como si estuviera en el mismo supuesto que quienes están a disposición de este Tribunal (Supremo) y han sido provisionalmente privados de su libertad”, dice el auto.
Llarena se refiere al exvicepresidente regional catalán Oriol Junqueras y otros dos diputados catalanes que cumplen prisión preventiva en España por los mismos supuestos delitos, a quienes el magistrado permitió delegar su voto en la sesión constitutiva del Parlamento catalán, el pasado 17 de enero.
“Frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, la provocación de una detención en el extranjero busca (…) alcanzarla y el voto que parlamentariamente no puede obtener”, precisa el juez sobre la intención de Puigdemont de ser elegido de nuevo presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, pero esta vez a distancia, sin presentarse en la cámara legislativa regional.
Además, Llarena considera preferible esperar a poner en funcionamiento la euroorden cuando la investigación haya sido completada.
Así, justifica, la entrega por parte del país que sea requerido para ello podrá basarse en una evaluación completa de los hechos incriminatorios.
En un primer momento, la Justicia española dictó sendas órdenes europeas contra Puigdemont y cuatro de sus antiguos colaboradores, también huidos en Bélgica, pero Llarena decidió retirarlas el 5 de diciembre pasado, con la advertencia de ser detenidos en cuanto regresaran a España.
Consideró entonces que esas órdenes, emitidas por la Audiencia Nacional en su día, podrían condicionar los posibles delitos por los que se pueda procesar a los imputados, ya que la rebelión y la sedición no están recogidos en el ordenamiento jurídico belga.
