¡Síguenos!Durante las últimas semanas han circulado en redes sociales publicaciones de trabajadores de diferentes empresas que denuncian presuntas presiones laborales para votar por un determinado candidato.
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Según la ley vigente, cuando los empleadores, organizaciones gremiales o sindicatos presionan a sus agremiados o trabajadores para influir en el sentido de su voto se comente un delito electoral.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, en su artículo 7, fracción VII, lo castiga: "Se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma".
¿Cómo denunciar?
Cualquier delito electoral se puede denunciar de forma anónima en el Sistemas de atención ciudadana de la Fepade, a través del correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., en el teléfono 24 horas 01 (800) 833-7233 o en su aplicación móvil FepadeMóvil.
También puede ser de forma presencial en la Unidad de Atención Inmediata, ubicada en el Boulevard Adolfo López Mateos No. 2836, Col. Tizapán, San Ángel, delegación Álvaro Obregón, CP 01090, Ciudad de México, teléfono (55) 53463137.
Desde Estados Unidos y Canadá se puede llamar al número sin costo 18664779960.
Además, la Procuraduría General de la República (PGR) puede recibir las denuncias en el país, así como las Fiscalías Electorales de las entidades federativas.
Germán Castillo, director de Averiguaciones previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), señala que ya "han empezado a llegar denuncias relacionadas con fuentes de empleo, fuentes de trabajo donde se dice que les han pedido foto de la credencial u otras formas de identificar a los electores". Del 8 de septiembre de 2017 al 30 de marzo de 2018, esta fiscalía recibió mil 492 denuncias por delitos electorales. En total, se abrieron 633 carpetas de investigación; el 79.75% por alterar el registro federal de electores.
Castillo señala que "es indispensable que haya una denuncia ciudadana para proceder a la investigación", como lo dicta el artículo 16 de la Constitución.
