En la serie de irregularidades observadas en el Poder Judicial en el país, se ha detectado la persecución de jueces en diferentes entidades por externar sus simpatías políticas y pretender ejercer sus derechos ciudadanos.

Puebla es uno de esos casos, erigiéndose como verdugo el Consejo de la Judicatura con la complacencia del Tribunal Superior de Justicia.

Desde el año pasado se delineó la consigna de que aquel que no apoyara las aspiraciones de Ignacio Mier Velazco, sería congelado, cambiado de adscripción y vigilado con lupa.

Parecía que la tormenta acabaría al definirse el candidato de Morena a la gubernatura en la figura de Alejandro Armenta, pero no fue así; al contrario, porque entonces se tiró línea para impulsar las aspiraciones del PAN y sus candidatos Eduardo Rivera Pérez y Mario Riestra Piña, situación en la que no estuvieron de acuerdo algunos jueces y lo hicieron patente, costándoles nuevamente el acoso.

No les perdonaron su proclividad armentista a diferentes integrantes del Poder Judicial, entre ellos al juez de primera instancia Enrique Romero Razo, quien es egresado de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, con maestría en derecho fiscal y empresarial por la Universidad Iberoamericana.

No solo soportó la persecución del morenovallismo que lo destituyó, sino que ganó el juicio y fue reinstalado en Teziutlán, logrando ser acercado a Cholula, pero sus filias morenistas y demostrar su respaldo a la candidatura de Alejandro Armenta, fue suficiente para ser cambiado de adscripción a Atlixco y recientemente a Tecamachalco donde la inseguridad es un factor de alto riesgo.

El abogado Alfredo Mirón Terrón, actualmente es defensor público, ha sido congelado prácticamente en la casa de justicia de ese municipio, cargándole trabajo que corresponde por lo menos a tres personas si se quiere eficientizar la aplicación de la ley. Tiene a su cargo el juzgado civil; el juzgado supernumerario; el juzgado familiar; el juzgado penal y cinco juzgados municipales.

José Tlaczani Conde, abogado de profesión por la BUAP, actualmente es juez municipal en Atlixco, quiso participar en el examen de oposición para juez de primera instancia, pero le negaron la oportunidad. Igualmente, no le concedieron el descuento en las colegiaturas como miembro del Poder Judicial para estudiar una maestría en el Instituto de Estudios Judiciales.

Luis Antonio Sandoval Toxqui, abogado egresado de la BUAP y actualmente juez municipal de Nealtican, ha sido congelado en el Poder judicial estatal, negándosele el derecho de participar en el concurso de oposición para juez de primera instancia.

Yazmín Guadalupe Alonso Ramírez, secretaria de estudio y cuenta en Acatlán de Osorio, es licenciada en derecho por la BUAP, también es hostigada, cambiándola como secretaria de acuerdos, incrementándole sustancialmente la carga de trabajo para hacerla reventar.

La abogada escribiente Blanca Castelán Castelán, es egresada del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. Actualmente es auxiliar de proyectista en el juzgado mixto de Acatlán de Osorio, siéndole negado su derecho de tener vacaciones, no obstante tener más de 10 años laborando en el Poder Judicial.

El abogado Luis Alberto Vázquez Pérez, es egresado de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con sede en Atlixco. Actualmente es secretario auxiliar del juzgado penal de Cholula, sufriendo la amenaza de no renovarle su contrato en el Poder Judicial si “se porta mal”. Ha sido cambiado de oficina para tenerlo vigilado.

POSDATA: La justicia es ciega, por eso hay veces que se pierde y tarda en llegar, pero siempre llega.