¡Síguenos!En una mesa de seguridad en Palacio Nacional, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, fue informado sobre la investigación por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y uso de recursos de procedencia ilícita en contra de Ignacio Mier Velazco, diputado federal por Morena, Arturo Rueda Sánchez de la Vega, director de Diario Cambio, y el exauditor, Francisco N.
TwittearVisitas: 2407
Durante su conferencia de prensa, el mandatario detalló que de lo anterior ya tenían conocimiento Rueda Sánchez de la Vega y Francisco N.
“Les voy a decir una cosa nada más, ¿saben por qué me enteré yo de esos hechos?, porque se nos informó en una mesa de seguridad del Estado, allá en Palacio Nacional, por eso, y ya no supe más. Y el señor Rueda ya sabía de eso, igual que el auditor, igual que el señor Mier, que nada tiene que ver en esto, ya sabían de lo que había pasado en esa reunión en Palacio Nacional, así fue como me enteré y ya no supe más”.
Destacó que la investigación de los hechos no le corresponden, ya que es la Fiscalía General del Estado (FGE) la que lleva las pesquisas.
“El tema de una investigación sobre un hecho con apariencia de delito, no me corresponde a mí, le corresponde a un órgano del Estado que se llama Fiscalía General del Estado. A la mejor se cree que todo lo que ocurre en la fiscalía, lo resuelve el gobernador, como ocurrió antes; no, no es así, cambien su visión del ejercicio de las funciones públicas, ya no es así. No caigan en el jueguito de ese señor, yo no estoy vigilando el curso de ninguna investigación”.
Advirtió que el director de Diario Cambio solo busca una respuesta política a un asunto que es jurídico.
“No caer en el juego de Rueda, de acuerdo, es una recomendación general. El señor quiere crear un ambiente del cual se derive una respuesta política a este hecho. No, no es política, es totalmente jurídica”.El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, Arturo Rueda Sánchez de la Vega, director de Diario Cambio, Francisco N., extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), y un supuesto agente financiero, son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y uso de recursos de procedencia ilícita por 400 millones de pesos.