Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, presentó una iniciativa que busca blindar las reformas a la Constitución Política de México contra impugnaciones judiciales, tales como la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad y el juicio de amparo. La propuesta tiene como objetivo que las modificaciones realizadas a la Carta Magna no puedan ser cuestionadas ante el Poder Judicial de la Federación.

La iniciativa cuenta con la coautoría de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado; Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. En ella se plantean modificaciones y adiciones a varios artículos de la Constitución, entre los que destacan el segundo párrafo del artículo 1°, el artículo 103, el artículo 105 y el artículo 107.

De acuerdo con los legisladores, las reformas constitucionales representan "la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México". En ese sentido, sostienen que no deben ser sometidas a controles jurisdiccionales que limiten o reviertan dichas decisiones.

Cambios propuestos en la Constitución

Entre las reformas presentadas se contempla que las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad no sean procedentes cuando el objetivo sea cuestionar reformas o adiciones a la Constitución, incluyendo su proceso deliberativo y legislativo, así como las resoluciones de autoridades electorales competentes.

Asimismo, la propuesta establece que los juicios de amparo que cuestionen reformas constitucionales no generarán efectos generales, es decir, sólo se aplicarán a los quejosos que los hubieran solicitado. Además, se aclara que no procederá el juicio de amparo contra las reformas o adiciones a la Constitución ni contra las decisiones de autoridades electorales.

Argumentos de la iniciativa

López Hernández explicó que las reformas constitucionales no deben ser equiparadas a actos legislativos ordinarios, ya que alteran los parámetros de validez del orden jurídico mexicano. Además, recordó que estas modificaciones son el resultado de un "amplio proceso deliberativo" y de una "decisión política colectiva", lo que las dota de una especial dignidad democrática.

Por su parte, Monreal resaltó que el Congreso de la Unión, en su papel de poder reformador de la Constitución, debe ejercer sus facultades sin ser limitado por decisiones judiciales que frenen o alteren la voluntad popular.

El senador también subrayó que el Poder Judicial no tiene la competencia para modificar la Constitución ni para frenar los cambios aprobados por el Congreso. Según el legislador, esto responde a la necesidad de garantizar la soberanía del poder reformador, que, de acuerdo con la iniciativa, no puede estar sujeto a control externo.

Inmunidad ante el Poder Judicial

En esta línea, se reiteró que las reformas constitucionales no deben someterse a mecanismos de control como el amparo o la acción de inconstitucionalidad, ya que el órgano reformador de la Constitución es el único responsable de su propio control. Al respecto, López Hernández sostuvo que la función del Poder Judicial se limita a la defensa de la Constitución, pero no a su modificación.

Además, agregó que las autoridades judiciales no tienen facultad para intervenir en el proceso de modificación constitucional ni para contradecir la voluntad del pueblo a través de los mecanismos judiciales existentes.

La iniciativa establece que la reforma entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, momento en el cual las modificaciones constitucionales dejarán de estar sujetas a impugnaciones judiciales.

Perspectivas y reacciones

Esta propuesta ha generado un amplio debate en torno a la relación entre los poderes legislativo y judicial. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de blindar las reformas constitucionales como expresión de la soberanía popular, otros han cuestionado el impacto que esta medida podría tener en los mecanismos de control y equilibrio entre los poderes del Estado. La aprobación de esta reforma será clave para definir el futuro de la interacción entre ambos poderes en México.