¡Síguenos!Cuba se apresta a renovar su modelo político y social con docenas de leyes que buscarán transformar desde la justicia penal pasando por el Código de Familias a la economía pero mantendrá su sistema de partido único y su Estado socialista.
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En febrero y tras casi un año de debates culminó una radical reforma constitucional con la aprobación de un nuevo texto que reemplazará al de 1976. Especialistas aseguraron que para adecuarse a la nueva Carta magna el país deberá modificar o adoptar entre 60 y 80 normas.
Algunas de ellas, como la Ley Electoral, implicarán por disposición constitucional que en los primeros meses de 2020 la isla tendría, entre otras novedades, un primer ministro como jefe de Gobierno y un presidente al frente del Estado con mandatos limitados, al tiempo que habrá gobernadores de provincias.
“Veo a Cuba después de la constitución como un país muy cambiado, con otro Estado, con un transformado sistema político. Es cierto que liderado aún por el Partido Comunista pero... distinto, con grandes retos por delante”, auguró el profesor de derecho constitucional Julio Antonio Fernández.
Nadie espera que la nueva Ley Electoral abra un camino pluripartidista o una división de poderes que la propia Carta magna desestima, pero la creación de diferentes figuras como la de presidente del país, vicepresidente, primer ministro y líder del Parlamento -que a su vez será secretario del Consejo de Estado- desconcentrará el poder, durante décadas centralizado en los hermanos Fidel y Raúl Castro y en el actual mandatario Miguel Díaz-Canel.
No hay expectativas de que esta Ley Electoral dé a los ciudadanos la posibilidad de elegir directamente al mandatario --la nueva Carta magna dispone que sea el Parlamento tal como sucede actualmente--, pero la posible desaparición de la Comisión de Candidaturas --un organismo formado por asociaciones afines al gobierno y al Partido Comunista de Cuba (PCC) que proponía los nombres para los máximos cargos-- podría dar lugar a otras vías para acceder al Gobierno e incluso en un futuro elegir entre varias personas para un puesto.
Asimismo el sector de los trabajadores privados --que se quintuplicaron desde las reformas aplicadas por Raúl Castro-- tiene puestos los ojos en una Ley de Empresas que establecería su naturaleza, tamaño, personería jurídica, capacidad importadora y la relación con las entidades estatales, hoy vetados o solo regulados por decretos dispersos y a veces contradictorios.
“La Constitución es un cuerpo normativo, tiene un gran valor, pero a ella la acompaña un desarrollo legislativo porque si no sería letra muerta”, expresó Homero Acosta, uno de los artífices de la reforma del texto y actual secretario del Consejo de Estado en una comparecencia en la televisión estatal.
Acosta adelantó que se trabaja también en nuevas normas para la Asamblea Nacional del Poder Popular --el Parlamento-- que podrían fijar cuántos diputados hay o cómo trabajarán y del propio Consejo de Estado y de Ministros, así como leyes para los Tribunales Populares sobre sus competencias y estructura.
La redacción de las leyes o enmiendas a las existentes estarán en manos de los diputados del Parlamento, pero también de decenas de juristas, académicos universitarios y expertos en cada materia en dependencia de cuánto o cómo deban ser modificados, y algunos ya fueron convocados, explicó Acosta. Al menos en un caso, el de Código de Familias, éste deberá pasar por un referendo.
También están en el tintero otras normas o modificaciones como en el caso de la ciudadanía --ahora se aceptará la doble nacionalidad-- o para regir las cooperativas o los medios de comunicación.
Más allá de los fallidos intentos para imponer en la carta magna el matrimonio homosexual, el renovado Código de Familias podría incluir más derechos para la mujer y protección a las minorías sexuales.
En tanto, el nuevo Código Penal debería incluir la reglamentación de delitos hasta ahora ignorados como el feminicidio y el cuidado de los animales --que tuvo un fuerte cabildeo durante el proceso de reforma-- e implementar figuras para sancionar a funcionarios públicos poco acostumbrados a rendir cuentas.
Debería también legislarse sobre figuras recién insertadas en la constitución como el habeas corpus, que exige a las autoridades una justificación ante la detención de personas, y el habeas data, para permitir a los ciudadanos conocer la información que el Estado tiene sobre sus vidas. Aunque entre las muchas preguntas aún abiertas está cómo se regirán los oficiales de los poderosos ministerios militares y de inteligencia en estos casos.
La nueva constitución llega en momentos en que la isla enfrenta su cuarto año de bajo crecimiento económico y Venezuela --su principal aliado político-- atraviesa una profunda crisis política, al tiempo que el presidente estadounidense Donald Trump endurece su política hacia Cuba y los gobiernos socialistas de la región.
Durante el lanzamiento de la reforma constitucional tanto Raúl Castro como Díaz-Canel reconocieron que la Constitución de 1976 había quedado rebasada por los hechos.
De hecho, el propio Raúl Castro abrió en esta década el espacio a la iniciativa privada y permitió la contratación de empleados por emprendedores, algo expresamente prohibido en la anterior Carta magna, al tiempo que se permitió la gestión a los ciudadanos de una segunda nacionalidad que estaba penada en el viejo texto constitucional.
El referendo para la reforma constitucional del 24 de febrero contó con la participación de 7,8 millones de cubanos --más de 90 por ciento del padrón electoral-- de los cuales el 86.85 por ciento optó por el “sí”.
La opción del “no” fue heterogénea, desde aquellos que la vieron como una forma de desprestigiar al gobierno, pasando por activistas gays que se sintieron defraudados por no contar con la posibilidad explícita del matrimonio igualitario, hasta miembros activos de iglesias evangélicas disconformes con el manejo de temas como la objeción de conciencia.
“Que más de dos millones de cubanos, o no hayan concurrido a las urnas o hayan votado en contra o anulado la boleta o en blanco, tiene que verse como el hecho de que a nivel social existe una minoría importante de ciudadanos que puede que no compartan, al menos por esta vez, circunscribiéndonos a la constitución, lo que está establecido en la misma y eso es totalmente válido”, expresó a la AP el abogado y constitucionalista Raudiel Peña.
“El referendo lo que ha demostrado es que en Cuba la sociedad es más plural en opiniones políticas de lo que muchas veces puede verse sobre la superficie”, expresó Peña.
